Por: Luis Gonzalo Morales S.*
De ser aprobada la reforma a la salud se correría un enorme riesgo de hacer colapsar la prestación de servicios y de generar una insuficiencia de recursos para seguir financiándolos, situaciones que surgen de querer hacer una mala copia de sistemas europeos que hoy padecen de los mismos males.
La reforma a la salud del actual Gobierno conlleva una serie de riesgos que podrían afectar severamente la prestación de servicios y las finanzas públicas. Estos se derivan en esencia de su enfoque conceptual y de su diseño operacional completamente nuevos, que aún en la eventualidad de que llegasen a funcionar, implicarían cuantiosas inversiones y décadas para su puesta en marcha.
El primero surge del cambio radical en el modelo al pasar de un sistema mixto de seguridad social a uno público que elimina el concepto de aseguramiento y se centra en la prestación de servicios, teniendo como eje los hospitales públicos complementados con prestadores privados. La inmensa mayoría de los sistemas de salud en el mundo desarrollado son esquemas mixtos de seguridad social surgidos de la colaboración Estado, empresarios y trabajadores propuesta por las Naciones Unidas en 1927.
En Europa existen dos esquemas públicos como el que Colombia quiere copiar, los de España e Inglaterra, que datan de comienzos del siglo 20, siendo al británico al que más le apunta la reforma colombiana. El solo hecho de que sean públicos o privados no determina de que sean buenos o malos, depende de los contextos. Afirmaba el filósofo suizo J.J. Rousseau: “un modelo de gobierno puede ser el mejor en un país y el peor en otro”.
El primer riesgo surge de querer implantar un sistema público desconociendo su carácter mayoritariamente privado dueño del 82 por ciento de los servicios. Ignoran los graves problemas por los que atraviesan los modelos que quiere imitar como el desborde incontrolable de los gastos y la incapacidad para atender las demandas de servicios originando enormes listas de espera que hoy padecen el 10 por ciento de los ciudadanos. La consecuencia es que en ambos países han florecido los seguros privados que hoy oscilan entre un 20 y un 25 por ciento con su consecuente aumento en el gasto de bolsillo.
El segundo gran riesgo parte de querer cambiar por completo la institucionalidad que soporta el sistema actual, al pasar de una de carácter privado sostenida en las EPS, a una pública basada en los CAPS, la ADRES, los hospitales públicos y las secretarias de salud. Estas instituciones asumirían funciones que nunca han desempeñado, que exigen cuantiosas inversiones y un largo y complejo proceso de aprendizaje. Es poco probable que esto pueda adelantarse en el plazo previsto para su transición.
El tercer riesgo surge de hacer depender este novel experimento de un sistema de información que no existe y que además presupone sea cambiado por algo distinto a lo que se ha logrado construir en los últimos 30 años. Se plantea un sistema único de información cuando lo que existen son múltiples esquemas. Lo que debería buscarse es cómo ponerlos a interoperar antes que reemplazarlos por uno solo. Esta labor titánica, para rematar, quedaría en manos del sector público, donde estos sistemas son aún más precarios, lo que exigiría cuantiosas inversiones en infraestructura tecnológica y un extenso proceso de entrenamiento que en caso de implementarse exitosamente podría tomar no menos de cinco años.
Estos tres riesgos centrales -para sólo mencionar algunos de los muchos otros que se podrían describir en la actual reforma a la salud- generan una altísima probabilidad de que las cosas no funcionen. Ello podría llegar a generar una crisis severa en la prestación del servicio que afecte a la población de menores ingresos que es la mayoría y produzca además un enorme déficit que haga insostenible el sistema, como ocurre actualmente en Inglaterra y España.
*Luis Gonzalo Morales es médico con maestrías en salud pública y ciencia política, especialista en administración y economía, ex gerente de Savia Salud, ex secretario de Salud de Bogotá, con más de 40 años de servicio público.