Por: Carmen Eugenia Dávila
Directora ejecutiva de Gestarsalud
El análisis presentado en este boletín da cuenta de cómo los efectos de una desfinanciación progresiva y multifactorial puede afectar directamente la garantía de los servicios de la salud sobre los ciudadanos. Pero no se agota en ese escenario. La realidad financiera de las EPS es crítica y el riesgo es real para todos los actores.
Hablar de $1,5 billones faltantes este año solo para cubrir el aseguramiento en salud debe ser un campanazo para todos y prender todas las alarmas. Este debe ser el primer tema urgente a atender.
El segundo tiene origen en los recursos asignados para financiar las atenciones en salud que gestionan las EPS por fuera de la UPC, pero se pagan con recursos de la ADRES. Por este concepto aún existen recursos por reconocer de 2020 y 2021 y no se han asignado los necesarios para cubrir 2023.
El cierre del 2022 fue muy difícil, varias EPS no lograron el equilibrio en sus estados de resultados. Es real que el incremento en las frecuencias de uso de servicios y medicamentos no se proyectó en la actualización del Plan de Beneficios del 2022 ni se tuvo en cuenta el mayor uso después de la pandemia. La siniestralidad, por otra parte, ha crecido en las EPS y en varias supera el 100 por ciento.
En medio de este contexto, las EPS deben cumplir con las condiciones financieras aprobadas en 2014 y que tenían un periodo de transición para el cumplimiento de hasta 10 años. Estas condiciones requerían un incremento del patrimonio con capitalización. Para las EPS con vocación de afiliación del régimen subsidiado la regla de margen de solvencia o patrimonio adecuado y reservas técnicas se exigía por primera vez, lo cual implicaba un esfuerzo mayor, con grandes retos por la naturaleza jurídica de algunas entidades que las obligaba a transformarse.
Esta, sin duda, era una apuesta de largo plazo que requería estabilidad, confianza y continuidad en las principales políticas del sistema. Y en medio de la transición para el cumplimiento de estas normas que era de hasta 10 años, llega la pandemia, el cambio de Gobierno y el anuncio de reforma al sistema de salud, factores que afectaron el escenario inicial y el cumplimiento pleno de esta transición.
El contexto actual en el que se plantean tantos ajustes estructurales, incluso el fin del aseguramiento en salud, en medio de situaciones financieras que no son atribuibles a las EPS, obliga a revisar de manera urgente estas reglas, mientras se discute la reforma y se dan las definiciones de fondo.
Todos los fenómenos están ocurriendo casi en simultaneo y esto hace necesaria la revisión de la UPC durante la vigencia, para evitar daños irreparables a los afiliados y a las instituciones.
Avanzar en esta transición de capitalización parece un imposible en medio de la coyuntura compleja y menos posible con un desfinanciamiento del sector que el Estado no ha podido resolver.