Por: Alfredo Enrique Villadiego Lora
El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) emitió concepto favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por 300 millones de dólares, destinados al mejoramiento de la atención en salud y la afiliación de la población migrantes de Venezuela, a través del Documento Conpes 3976 dado a conocer de manera oficial.
La decisión del gobierno es consecuente con la situación de las migraciones que, de acuerdo con los datos de Migración Colombia publicados a agosto del presente año, confirman que al país habían ingresado 1.408.055 inmigrantes venezolanos. Sólo en los últimos seis meses han llegado a Colombia 234.000 venezolanos más. De esos 1,4 millones de inmigrantes, 742.390 están en situación regular, y de ellos, 597.583 son portadores del Permiso Especial de Permanencia (PEP), que les permite acceder a una serie de servicios como de salud, educación, trabajo y atención de menores. Por otra parte, 665.665 venezolanos están de manera irregular en Colombia.
Colombia ha venido estructurando un marco de política en relación con la migración, establecido en la Política Integral Migratoria, el Sistema Nacional de Migraciones, que opera de manera coordinada a través de la Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones. En este sentido ha desarrollado disposiciones constitucionales y legales que amparan los derechos de las personas que habitan y que transitan el territorio, incluyendo la atención en salud de ciudadanos extranjeros, cualquiera sea su procedencia.
En este marco y atendiendo a la crisis generada desde el año 2015, el gobierno ha emitido una serie de normativas, entre ellos, el Decreto 1770 de 2015 (declaratoria de emergencia), la Resolución 5797 de 2017 (creación del PEP), el Decreto 542 de 2018 (creación del Registro Administrativo de Migrantes – RAMV) y con los resultados del proceso de caracterización, ha definido, por un lado, la ampliación del PEP a las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos.
Mediante Decreto 1288 de 2018, se creó la oferta institucional a la población en situación irregular inscrita en el registro de migrantes, incluyendo el Permiso Especial de Permanencia. Dicha medida, le permite a los inscritos en ese registro afiliarse a la seguridad social, recibir atención en urgencias, así como a control prenatal y a vacunación en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
Sobre los efectos de las migraciones en el sector salud, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila), ha reportado que, la migración venezolana ha traído consigo un incremento en los casos reportados de eventos de vigilancia epidemiológica. Para el año 2018, se reportaron 2.398 casos de eventos en salud pública en pacientes procedentes del exterior, lo cual representa un incremento de casi tres veces en los casos notificados en población extranjera frente al 2017.
Los eventos con mayor notificación en lo corrido de 2018 entre los migrantes desde Venezuela corresponden a Malaria (36,8 %), violencias de género (12,6 %), desnutrición aguda en menores de 5 años. Los departamentos con mayor notificación de pacientes venezolanos con algún evento de vigilancia epidemiológica corresponden a Norte de Santander (30,1%), Guainía (17,2%), La Guajira (12,8%), Arauca (4,9%) y Vichada (4,3%).
Sin lugar a duda que la repentina y de gran magnitud de la ola de migrantes desde Venezuela, ha tenido un efecto significativo en el sector salud por el aumento en las atenciones de esta población, sus altos costos y el deterioro de la situación de salud pública de las comunidades receptoras. El sistema de salud ha adoptados medidas que van desde la atención en urgencias médicas, partos y vacunación, y recientemente, el derecho de afiliación al sistema de salud colombiano a todos los hijos de venezolanos nacidos en Colombia.
Por regulación constitucional, los venezolanos migrantes regulares y portadores del PEP, se consideran residentes y pueden afiliarse al sistema de salud, ya sea como dependientes o independientes. Si sus condiciones socioeconómicas no les permiten realizar aportes al sistema, pueden solicitar la aplicación de la encuesta SISBEN y si llenan los criterios, afiliarse al Régimen Subsidiado.
Los regularizados no afiliados como aquellos por regularizarse acceden al sistema de salud vía servicios de urgencias cuyos costos asociados son elevados y no están debidamente financiados. Las solicitudes de pago de hospitales públicos al gobierno ascienden a más de 250.000 millones de pesos.
Según el Ministerio de Salud y Protección Social, una urgencia, en promedio, cuesta un millón de pesos, mientras que, la UPC en promedio cuesta 831.000 pesos anuales. En este sentido, la principal brecha de financiamiento en el sistema de salud causada por la migración es la falta de aseguramiento de esta población.
Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno nacional se propone implementar dos acciones: la primera es afiliar a la población migrante regular y retornados en su totalidad y la segunda es generar rutas de atención vía oferta para esta población irregular y pendular.
La primera opción resulta más eficiente, ya que trasfiere el riesgo financiero a la EPS, en particular cuando se presentan enfermedades crónicas o de alto costo que requieren garantizar frecuencia e integralidad en las atenciones; adicionalmente permitiría la gestión de riesgo de esta población, que viene no solamente con una alta carga de enfermedad, sino con altos riesgos a intervenir. Y la segunda opción organiza la prestación de servicios de salud en donde no es posible el aseguramiento en el corto plazo.